La gestión de un territorio está relacionada a numerosas cuestiones, algunas de ellas de corte político y económico. Y, por esto, una reflexión profunda exige definir un horizonte de actuación que ayude a analizar si se está avanzando o retrocediendo en la aplicación del modelo de gestión elegido. En este sentido, si queremos pensar en el futuro de nuestro territorio haría falta una nueva alianza entre la administración pública, las empresas y la sociedad civil. Una alianza que sea capaz de frenar esta peligrosa tendencia de desmoralización de la vida pública. Y alcanzarla depende del protagonismo de la sociedad civil que es decisivo en la promoción del cambio.
Actualmente la situación de crisis económica por la que pasan las sociedades - y se refleja principalmente en los ámbitos locales – parece ser el punto de partida de los problemas políticos y sociales que se están viviendo. Sin embargo, el proyecto de repensar nuestras sociedades exige asumir una crisis de sentido de la democracia, de su legitimidad, la cual se fortalece en función de una percepción social de que la política está en manos de la economía lo que genera una crisis de confianza de las personas en sus representantes. A su vez, también una crisis social que se presenta a través de la atomización social que se vive en nuestras sociedades, en donde el individualismo y el egoísmo son los protagonistas de nuestras actuaciones. No se debe olvidar que la economía está relacionada intrínsecamente con la política y la política con la sociedad.
Por esto, para llevar a cabo una propuesta de desarrollo para nuestros territorios es importante empoderar a las personas y a las instituciones. Se trata de otorgarles poder para que se hagan responsables de parte de la vida pública y protagonistas de sus propios proyectos de vida. Previamente conviene pues tener en cuenta que, a diferencia de lo que se suele pensar, la responsabilidad pública y la responsabilidad estatal son dos ámbitos distintos y, los políticos no son los únicos responsables del ámbito público. La gestión de lo público es responsabilidad de los políticos, sin embargo la sociedad es responsable de la toma de decisión de como es la ciudad que se quiere construir. En otras palabras, cómo es la ciudad en la que quiere vivir.
Siendo así, se intentará explicar la aportación que se pretende hacer a través de una metáfora que es la de la construcción de la casa, ésta entendida como espacio común de convivencia. Para ello, la argumentación que sigue se dividirá en seis pasos. Un primer paso es preguntarse sobre qué tipo de casa se quiere construir. Y la respuesta podría ser que queremos una sociedad que sea capaz de generar las posibilidades para que todos puedan llevar a cabo su proyecto de vida buena dentro de ella, lo que se entendería como una sociedad justa.
El segundo paso es elegir dónde queremos construir, y es el momento de definir una apuesta fuerte por lo local, y preguntarnos qué están haciendo los organismos estatales y los empresarios para potenciar la edificación de las ciudades.
El tercer paso requiere definir las bases de la casa, que serán los valores morales que sean compartidos, como: la inclusión, la participación, la reciprocidad y la responsabilidad. Una estructura que debe ser fuerte y bien definida con bases sólidas para que sea posible sostener las estructuras que se construirán a continuación.
Un cuarto paso implica elevar los pilares de sostén de la casa, que no son más que las instituciones pensadas y diseñadas desde los siguientes principios: transparencia y control de las actividades, apertura al diálogo con la sociedad mediante mecanismos concretos que fomenten y permitan la participación activa de la sociedad.
Un quinto paso implica la construcción de las paredes de la casa, y aquí nos referimos a la ética profesional, es decir a la responsabilidad que tenemos como profesionales de las diversas áreas. Considerando que el hacer bien nuestro trabajo es colaborar directamente en lo público.
Y, finalmente, tendremos que techar la casa y aquí es donde situamos la educación. Esta es la condición para que construyamos nuestro carácter, pues uno no nace sabiendo ser un buen ciudadano. La educación es la única capaz de transformar este ciclo vicioso entre la economía, la política y lo social en un ciclo virtuoso. Todo ello, siempre considerando que la base de nuestra construcción son los valores morales compartidos y que, sin ellos, la cimentación de nuestra casa –nuestro territorio – será muy difícil de conseguir.
García-Marzá es catedrático de Ética Empresarial de la Universitat Jaume I y director de proyectos de la Fundación Étnor
Artículo publicado en el periódico Mediterraneo el 25 /04/10
Interesante planteamiento. No obstante, soy muy escéptico sobre la capacidad que una democracia, entendida como la regla de las mayorías, tiene para "empoderar" a sus ciudadanos. Es mejor a través de un estado republicano, entendido como el gobierno de la Ley, que se ciña exclusivamente al respeto de los derechos y libertades de sus ciudadanos, con un mercado libre en el que se encuetren comunidades, empresarios, clientes, proveedores y financieras, todos responsables y conscientes de que juntos pueden y deben crear valor para la res puplica. En territorios democráticos vemos la administración crecer de manera exagerada porque se arredra la función de gestionar el bien público. Y cuando esto sucede, a la sociedad civil le quedan pocos espacios para implicarse en la creación de valor que revierta en el bien común. Sin incentivos para el emprenderismo, esta sociedad cae en el atomismo mencionado por el profesor García Marzá, incapaz de funcionar como "tejido social". Esto mismo lo vemos en la situación de España tristemente: Si las "administraciones" (en vez de solucionar el problema, el que haya tantas en nuestro país ha terminado siendo parte del problema) no son capaces de generar empleo, entonces poco se puede sperar de la iniciativa ciudadana: 5.000.000 de desempleados esperan a que alguien les tienda la mano porque no tienen las capacidades ni las herramientas ni la infraestructura necesaria para abrirse ellos mismos camino en el mercado laboral. Se produce así, un estrangulamiento de la actividad económica y una parálisis social. Sin un estado claramente limitado en sus funciones, promoviendo esquemas educativos responsables y orientados hacia la autonomía creativa de los ciudadanos, no puede haber empoderamiento civil.
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