Convencidos de la relevancia creciente de la Responsabilidad Social (RS) como enfoque de gestión para las grandes empresas, ahora se observa cómo las pymes también acogen con gran naturalidad estas prácticas atentas a la sociedad y hacen de ellas incluso un vector estratégico. Hasta existen microempresas absolutamente comprometidas.
Pero el desborde de la RS hacia organizaciones que ya no son grandes multinacionales también ha llegado a organizaciones no lucrativas, como las fundaciones, a organizaciones del conocimiento, como las universidades, y a organizaciones públicas, como los ayuntamientos.
Aún así, no podemos afirmar que esta generalización de la RS hacia todos los sectores sea un progreso falto de dificultades. Si la gran compañía argumentaba que su único objetivo era ganar dinero, importando poco los medios, el sector público considera que un cierto sentido de la responsabilidad ya está implícito en sus valores, de manera que le resultaría redundante gestionar su RS. Craso error.
Siendo éste el punto de vista, la corporaciones locales más proactivas han empezado en estos dos últimos mandatos a fomentar la RS de las empresas, a la vez que notan aún muy limitadamente la necesidad de afrontar la gestión proactiva de su propia RS. Y no sólo para cumplir unas leyes que en ocasiones vulnera (la LISMI como ejemplo) sino para plantearse un modelo con metodología RS.
Modelo propio para las AAPP
Se podría afirmar que la lógica del servicio público es sustancialmente diferente de la actividad privada y que cada organismo público ha sido creado precisamente para hacer frente a una necesidad de la sociedad de forma que en ella misma ya sería una RS. Aun así, el sentido responsable de la función no dice nada sobre la manera como se gobierna una institución. Y hoy pocos afirmarían que las AAPP ya han llegado al final del trayecto en su modelo de transparencia, rendición de cuentas, etc. ¿Qué información tenemos las partes interesadas sobre cómo un organismo público ha satisfecho sus objetivos? ¿Cómo podemos dialogar y pedir aspectos sobre su rendimiento?
La RSA debe llevarse a cabo desde un modelo propio pensado para las singularidades del sector público, lo cual no pide una mera traslación de indicadores empresariales. Si para una empresa su primera responsabilidad es ser sostenible económicamente para poder continuar creando riqueza y puestos de trabajo, para el sector público el reto es poder llevar a cabo sus políticas públicas para lo que hoy en día hace falta ahondar en la efectividad y garantizar su legitimidad. El sector público corre el riesgo de creer, en virtud de su posición monopolística, que tiene garantizada esa legitimidad.
Un ejemplo de práctica donde hay recorrido a hacer sería en la compra pública y subcontratación socialmente responsable, procurando que atienda no sólo a criterios económicos, o que éstos no se limiten al interés del órgano contratante sino de toda la Administración e incluso de toda la sociedad. Muchas AAPP se conforman con llegar al 0'7% para cooperación internacional sin darse cuenta de que con la compra responsable se puede tener un potencial de cambio enorme ya que pueden modificar las condiciones del mercado.
También se puede dar un salto en participación ciudadana, que no se quede en lo formal y en la legitimación de decisiones tomadas, y que parta de la transparencia, más allá de lo puramente mecánico, y de una evaluación profunda de las políticas públicas, que supere la comodidad de una gestión de base presupuestaria que desatiende los impactos reales. En la gestión interna sería conveniente la integración de las prácticas de RS, que no estén desvinculadas de una estrategia de gestión del cambio.
Son algunos puntos de vista que intentan situar la necesidad de una RSA que integre, pero vaya mucho más allá de las prácticas ya conocidas, entendidas como una decisión global que afecta también a la dimensión política y transversalmente a todas las áreas técnicas.
Antes se debe asumir la gestión del cambio como una necesidad y una urgencia
Si no nos lleva a una mejora de la propia cultura organizativa, en un cambio fundamental en nuestro ADN corporativo, este esfuerzo será poco sostenible y decaerá con el tiempo. Más aún, cuando no hablamos tan sólo de incorporar unas determinadas acciones sino de generar un estilo, una transversalidad, una coherencia.
Ante la necesidad del sector público de profundizar en la función adaptativa, la RSA es el motor que puede favorecer que se afronten los nuevos roles de gobernanza pública, que se trabaje por unos territorios socialmente responsables y, en clave más amplia, que se avance en la definición de un nuevo contrato social que renueve la confianza y la asignación de papeles entre las partes.
Son muchos los organismos y AAPP que muestran su interés en la RS y en asuntos relacionados con las preocupaciones de los ciudadanos y del mundo entero. Entre éstas destacar las actuaciones de los ayuntamientos dentro de la "Agenda 21 local" la cual persigue la transición hacia la sostenibilidad local, asentándose en principios tales como la justicia social, la economía sostenible, un entorno urbano y un capital duradero logrando un equilibrio mejorando la calidad de vida. Así pues, consiste en un compromiso de actuar hacia la mejora ambiental.
ResponderEliminarComo éste, son varios los ejemplos de concienciación de cara a una humanidad más "humana" y preocupada por los demás. Aunque mucho queda por hacer en el ámbito público (local, estatal e internacional) mirando por los más desfavorecidos de este mundo que hemos hecho desigual.
Sin lugar a dudas creo que el uso o la implantación de la RS debe extenderse a aquellos ámbitos que están más allá de lo puramente empresarial. Las AAPP, como bien dice el artículo, ya por su definición de ser públicas deben garantizar los principios de RS aunque desde mi humilde opinión, se debe ir más allá. Como bien decía Woodrow Wilson, 18º presidente de los Estados Unidos, la diplomacia, la política debe ser transparente y romper barreras entre los mismos políticos y los ciudadanos. Se deben gestionar las AAPP de una forma que la sociedad pueda estar más informada y pueda tener mayor participación en ella. Considero que para que podamos progresar como personas y que haya más igualdad y humanidad, se deben mejorar el concepto de RS que de base tienen las AAPP.
ResponderEliminarEstoy totalmente de acuerdo con tu texto Josep Maria. Considero que la responsabilidad social no solamente tendría que ser cosa de las grandes empresas y que todas las organizaciones políticas deberían practicarla y fomentarla. Sin embargo considero un poco utopista tu aportación acerca de los ayuntamientos y la responsabilidad social. Bajo mi opinión, discrepando en gran parte de la aportación de Hilario, la gestión de lo social realizada por la gran mayoría de los ayuntamientos deja mucho que desear, y mas aun en los tiempos que corren en los que la economía no está para tirar cohetes, por lo que estos barren para casa en lo económico y son pocas las acciones sociales que realizan. Espero que con el paso del tiempo mi visión negativista sobre la RS realizada por los ayuntamientos evolucione. De momento y con mi experiencia está es mi opinión.
ResponderEliminarAtentamente, Fermín Sales
Leyendo este artículo he recordado algo que dijo un día el catedrático Rafael López Lita: "una empresa no es una ONG". Su posterior explicación vino de la mano del evidente argumento: nadie da duros por pesetas.
ResponderEliminarA lo que quiero llegar con todo esto es a que una institución pública (y más aún cuando viste de azul) se entiende también como una empresa: tú le pagas la contribución todos los meses, y ella te da un acceso a sanidad, un derecho a prestación por desempleo, a jubilación y otros privilegios. Para esas instituciones que yo denominaba azules, el hecho de "otorgar" beneficios propios del Estado de Bienestar ya supone la RSE en su más puro estado -eso creen ellos. Pero nosotros sabemos que no. Que un ayundamiento no es una ONG, pero se debe a sus ciudadanos. Y los ciudadanos piden ÉTICA -en mayúsculas. Y cada vez la masa humana está más despierta y sensible hacia el mundo, preguntándose porqué nadie hace nada; porqué los concursos públicos se adjudican bajo criterios turbios; porqué el papel que se utiliza en el ayuntamiento no es reciclado, y porqué tengo yo que pagar las llamadas personales del asesor número 200 del presidente de la Diputación que jamás se ha sentado en su puesto de trabajo -y más en tiempos de crisis. En fín, RSE.
Los ayuntamientos se frotan las manos sacando a relucir el término RSE y "asesorando" a empresas (como he podido comprobar en distintos artículos, es por ejemplo el caso del Ayuntamiento de Cataluña o el de Madrid): ¿quién les asesora a ellos? y, ¿son conscientes de su carencia?
Se ha logrado que el mundo hable de RSE, ahora estamos en la etapa 2: presión para que se aplique en las instituciones públicas. Probablemente nosotros -y presumo que nadie en el resto de generaciones- nunca llegaremos a ver los resultados.
Comparto la opinión reflejada en el artículo sobre la importancia de aplicar a las administraciones publicas el enfoque de gestión de la Responsabilidad Social (RS).
ResponderEliminarAunque podríamos entender que por tratarse de organizaciones que no tienen ánimo de lucro, como las empresas ya tienen garantizada la “responsabilidad”, la realidad nos demuestra que, en muchos de los casos, no es así.
Los ayuntamientos como administración más próxima al ciudadano entiendo que, en general, podrían hacer mucho más de lo que hacen por la transparencia de la gestión pública. A través de las estrategias de gestión del cambio propias de la RS podría mejorarse la gestión interna.
Esta estrategia, desde mi punto de vista, necesariamente a de ir unida a la transparencia, tanto de las cuentas públicas, como del resultado de las políticas efectuadas, fomentando la participación ciudadana de una manera real y efectiva, y no meramente formal.
Para ello las administraciones tendrían que tener claro cual es su objetivo, igual que las empresas tienen claro el suyo, establecer el modelo de ciudad, si es local o de organización, y en función del mismo diseñar las políticas públicas económicas, sociales o culturales que quieren llevar a cabo contando siempre con la participación de los colectivos interesados.
Es necesario que la administración tenga en cuenta al ciudadano como tal y no como un mero votante, un ciudadano con obligaciones, pero también con derecho a que se le preste un servicio público de calidad. Creo que en un momento de crisis como el actual, en que hay tantas quejas, todos comprenderíamos mejor la gestión que están llevando nuestros gobernantes, en ocasiones difícil, si se nos explicara y mejor aún, si se establecieran cauces adecuados para que pudiéramos dar nuestra opinión, porque entonces pasaría a ser cosa de todos y no solamente de los políticos.